Autor: Tomás González
Esta semana se presentó nuevamente al Congreso un proyecto de ley—firmado por más de 50 representantes—que busca prohibir la explotación de yacimientos no convencionales en el país.
El proyecto seguramente va a profundizar un debate necesario pero que mucho me temo va a descender rápidamente al mundo de las acusaciones, descalificaciones y señalamientos personales—justo lo contrario de lo que necesitamos para acertar en una discusión tan importante para todos.
Sin haber terminado todavía el estudio detallado del proyecto, es evidente que la exposición de motivos discute detalladamente los potenciales impactos negativos de esta práctica. Sin embargo, deja por fuera al menos tres temas que es indispensable estén presentes en la discusión sobre la conveniencia o no de prohibirlo.
El principio de precaución
El primero tiene que ver con la motivación para prohibir el fracking. La razón en la que se basa el proyecto es el principio de precaución (PP) que define como “*cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente y la salud pública, la falta de certeza científica absoluta sobre la relación causal entre la actividad y el daño y su probabilidad de ocurrencia o magnitud no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedirlo*”.
En otras palabras, que ante un potencial daño grave al ambiente, la falta de certeza sobre si una actividad lo causa no puede ser razón para no adoptar medidas eficaces que lo eviten.
Cabe entonces preguntarse si más allá de la ausencia de criterios claramente definidos para evitar una aplicación arbitraria del PP, la prohibición es la mejor medida para mitigar un potencial daño al ambiente. ¿Hay otras medidas como estándares de perforación o guías de manejo ambiental que pudieran tener el mismo efecto, pero eviten los costos de no realizar la actividad?
Supongamos que—a pesar de los más de 2 millones de pozos que se han perforado en el mundo con la tecnología de fracturamiento hidráulico, de la revisión de la literatura científica que hizo la comisión interdisciplinaria de expertos conformada por el gobierno y del conocimiento ambiental acumulado en el país en más de un siglo de operación petrolera—efectivamente no es posible establecer una relación causal entre el fracking y el daño ambiental. ¿No tendría entonces más sentido hacer un estudio científico sobre esta relación para establecer si existe o no y, en caso de que se compruebe, evaluar si hay medidas eficaces para evitar los posibles daños? ¿No es este precisamente el propósito de los programas piloto que está llevando a cabo el gobierno?
Renunciar al fracking sin antes haberlo estudiado equivale a renunciar a las vacunas contra el COVID antes de haber hecho los estudios clínicos para determinar su efectividad y potenciales efectos adversos. Lo que está en juego al prohibir el fracking sin haberlo estudiado en condiciones reales no es la seguridad energética: es algo mucho más profundo que tiene que ver con la forma como tomamos decisiones como sociedad.
Si renunciamos a tomar las grandes decisiones sobre lo que nos afecta con base en la ciencia, nos espera un futuro oscuro, lleno de atropellos y equivocaciones por las que terminaremos pagando un muy alto precio.
Costos
El segundo punto tiene que ver con los costos. Las proyecciones del gobierno muestran que en los diferentes escenarios considerados habría una pérdida de autosuficiencia de gas natural en la segunda mitad de esta década. La pérdida de capacidad para satisfacer la demanda con nuestros propios recursos debería preocuparnos por varias razones.
Primero, porque es de esperar que el gas importado sea más caro que el nacional. Análisis de la UPME muestran que este gas podría costar el doble que el gas nacional debido a sus costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación. Esto sin contar los incrementos tarifarios que traería financiar la construcción de la infraestructura de importación requerida para que el gas del exterior pueda llegar a los centros de consumo en Colombia.
Bajo esta condiciones, ¿qué implicaciones tendría, por ejemplo, un aumento en los precios del gas para la industria cuya energía depende casi la mitad de este combustible? ¿Cómo podrían afectarse el crecimiento de la economía y la generación de empleo en el país? ¿Cómo se afectarían los hogares—70% de lo cuales tienen acceso al gas—de un aumento en los precios, sobre todo si se tiene en cuenta que los más pobres destinan al pago de energía una mayor proporción de su ingreso? ¿Cuál sería el impacto en las finanzas del gobierno de tener que subsidiar un gas más caro?
Sorprendentemente, el proyecto guarda silencio sobre este punto y sobre el hecho de que los yacimientos no convencionales podrían multiplicar entre 1,5 y 3 veces el nivel de reservas probadas de gas que tenemos hoy. Tampoco hace mención sobre una diferencia fundamental del gas nacional con el importado: que sólo el primero paga impuesto de renta y regalías. Este punto, que también aplica para el petróleo, no es un punto menor para el país y debe sumarse a los costos por mayores tarifas que traería el gas del exterior.
Finanzas públicas
Finalmente, el proyecto afirma en su exposición de motivos que “son muy bajos los aportes de este sector a las finanzas públicas” como una de las consideraciones para la prohibición. Si bien es cierto que al compararlo con otras ramas de actividad el sector hidrocarburos no es un generador importante de empleo y que su actividad puede tener impactos importantes en el ambiente, desconocer su contribución a las finanzas públicas es contrario a la evidencia disponible.
Cuando se comparan los sectores de la economía a partir del recaudo fiscal que generan por unidad de PIB producido, puede verse que el de hidrocarburos es el que más contribuye en toda la economía—triplicando a la industria y siendo 37 veces más alto que la agricultura. Gústenos o no, este es un sector indispensable para la financiación de la inversión pública. Prohibir el acceso a los recursos no convencionales que están en nuestro subsuelo sin un plan concreto para una transición fiscal es irresponsable y pone en riesgo la inversión del gobierno en todos los niveles.
El Congreso es un lugar por excelencia para el debate de las decisiones sobre los temas más importantes que nos afectan a todos. Este proyecto sin lugar a dudas va a motivar un debate difícil pero necesario. El problema es que lo hace mostrando sólo una parte de la realidad y que desconoce que para tomar buenas decisiones es indispensable considerar integralmente sus beneficios y costos. Lo responsable sería, por lo tanto, asegurarse de que ellos sean tenidos en cuenta en la discusión y tomar una decisión final sólo cuando estén completos los resultados de los programas piloto.
